SANTO DOMINGO, 18 de abril.- El magistrado Danilo Amador Quevedo, juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la tarde de este miércoles el convenio entre las autoridades dominicanas y la constructora brasileña, y en caso de aceptar la homologación abrirá la puerta para que Odebrecht cumpla con la “obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos”.

El beneficio para la Odebrecht al delatar supuestamente los sobornados seria negociar los 184 millones de penalidad “a plazo” como se ha planteado anteriormente y fue rechazado por el Juez José Alejandro Vargas quien declaró ese acuerdo “inadmisible” y plantea que no se juzgue la empresa por los delitos cometidos en República Dominicana.


El Procurador General, Jean Alain Rodríguez, desde el principio ha negociado ese acuerdo con la firma Odebrecht, la cual busca no acudir a los tribunales dominicanos, a cambio de pagar esos 184 millones. Sinembargo, las sobrevaluaciones en obras en la República Dominicana que beneficiaron a dicha empresa se cifran en miles de millones de dólares.

No se ha informado cuándo y por cuáles vía este expediente ha llegado al magistrado Danilo Amador Quevedo, juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

La Procuraduría General de la República (PGR), informó este lunes que a más tardar en 30 días, luego de la autorización para la aplicación del criterio de oportunidad, el Ministerio Público tendrá la información necesaria que permitirá identificar quienes fueron sobornados en el país por Odebrecht, para así poder someterlos a la justicia.

A través de un comunicado, la Procuraduría explicó que para la solicitud de autorización de esta figura, consignada en el Código Procesal Penal, recientemente fue apoderado mediante sorteo y auto de asignación, emitido por el Juez Coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, el Tercer Juzgado de la Instrucción, el cual tiene previsto emitir su decisión al respecto el próximo miércoles 19 en horas de la tarde.

Consideró atinada la aplicación del criterio de oportunidad, en la medida en que viabiliza la ejecución del acuerdo con la multinacional, en el que la misma reconoce formalmente haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos.

La Procuraduría General destacó que los datos que entregará Odebrecht junto a la información que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación local, permitirán realizar, más rápido de lo que muchos esperan, el sometimiento a la justicia de todo el que, sin excepción, haya violado las leyes.

Manifiesto el compromiso con la erradicación de la corrupción administrativa, por lo cual, en este caso, se ha trazado como objetivo principal desmantelar por completo la estructura delictiva que facilitó la movilización de fondos destinados a los sobornos.

Recordó que ya Odebrecht admitió que pagó US$92 millones en sobornos para lograr contratos de obras gubernamentales en República Dominicana desde 2001 hasta 2014. Sinembargo el proyecto Punta Catalina replantea agregar años a la escalada de sobornos en RD.

Señaló además, que el acuerdo de colaboración solamente abarca el delito de soborno, por lo que no limita que se realice alguna investigación sobre otras infracciones.

La Procuraduría puntualizó que con el mismo se ha logrado que al sobornador, es decir, a la empresa Odebrecht, a modo de indemnización le imponga la suma de 184 millones de dólares, que es el equivalente al duplo del soborno que Odebrecht admitió, y la sanción máxima que le hubiese correspondido de haber sido juzgada por violación a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la inversión.

Agregó que amparada en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, los empleados y directivos de la constructora brasileña no serán enjuiciados en República Dominicana porque serán procesados judicialmente en Brasil, y que los sobornados serán juzgados en República Dominicana.

Indicó también que, en su momento, dará a conocer al país a través de los medios de comunicación, las informaciones recabadas, sin perjudicar la legalidad de la investigación.

República Dominicana se ha rezagado o al menos ha sido el país que de forma mas lenta ha trabajado el Ministerio Publico comparado con los demás países en Latinoamérica que han determinado los culpables, buscados internacionalmente, encarcelados y juzgados los actos de sobornos y corrupción de la empresa Odebrecht, incluyendo la destitución de la Presidenta de Brasil, entre otros altos funcionarios de gobierno.