SANTO DOMINGO, 30 de octubre.- En toda sociedad democrática se le otorga mucha importancia a las pequeñas y medianas empresas, llamadas tamiben “PYMES” debido a que ofrece grandes oportunidades a los emprendedores de crear productos criollos para consumo y exportación, pero también son los grandes generadores de empleo. Estados Unidos es un ejemplo de eso.

En la República Dominicana podría tener una connotación diferente. debido a que algunos grupos de pequeños y medianos empresarios en varias ocasiones se han sentido discriminados cuando el gobierno asumume posiciones y comisiones de alto nivel para insentivar el comercio.

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y provincia Santo Domingo (AEIH) deploró que el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y de su órgano consultivo carezcan de una representación de las pequeñas y medianas empresas, responsables del 97% del tejido productivo del país.

El presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, advirtió que la exclusión de las pymes constituye una violación a la Ley 1-06 , que crea el CNC, justo después de que el Índice Global de Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial señalara la falta de institucionalidad como una de las principales trabas para el desarrollo de negocios en el país.

Recordó que el literal “i” de la citada legislación establece que el Consejo debe contar con una participación de “ocho miembros del sector privado designados por el Presidente de la República, que sean personas de reconocida experiencia y conocimientos en las áreas de turismo, zonas francas, manufactura, agronegocios, pequeña y mediana empresa, y servicios.”

Señaló que, pese a esa disposición legal, el Gobierno ha preferido excluir a las pequeñas y medianas empresas, violar nuevamente la ley y reforzar las prácticas que han llevado al país a retroceder 12 puestos en la más importante medición mundial de la competitividad.

Taveras Guzmán recordó que las pymes son responsables de la creación de 2.2 millones de empleos, que representan el 57% del total, y aportan más del 27% al Producto Interno Bruto (PIB).

“La exclusión de las pequeñas y medianas empresas del Consejo Nacional de Competitividad no sólo viola la ley de este organismo, sino que constituye un ejericicio de inequidad contra un sector tan relevante dentro de la actividad económica”, subrayó.

Taveras indico que aunque esta decisión del Gobierno difícilmente sea corregida, debe servir a los pequeños y medianos empresarios, a la sociedad civil, a la clase política, a las academias, a los hacedores de opinión pública y a toda la ciudadanía para reflexionar sobre el impacto negativo y el estancamiento que la falta de institucionalidad y el favoritismo provocan en la economía y en las condiciones de vida de la gente.