WASHINGTON, 4 de septiembre.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes a viva voz un proyecto de ley que ordena al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos llevar a cabo un estudio sobre el tráfico de drogas y el potencial de terrorismo en la zona marítima que rodea a Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

“Nos ayudará a entender mejor los retos que tenemos”, dijo la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, al consumir un turno en el hemiciclo de la Cámara baja en torno a la legislación, que es de su autoría.

El análisis abarcaría toda la zona de tránsito marítimo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos – el oeste del Océano Atlántico, el Mar Caribe u hasta el este del Océano Pacífico-, y debería estar listo 180 días después de la legislación convertirse en ley.

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La legislación tuvo el respaldo en el pleno del presidente del subcomité de Transportación, el republicano John Katko (Nueva York), y el portavoz demócrata en el Comité de Seguridad Interna, Bennie Thompson (Misisipi).

Según datos provistos previamente por la comisionada González, las autoridades han reportado un 40% de incremento en las incautaciones entre 2016 y 2017. De 47,541 libras de drogas confiscadas en 2016, el total aumentó a 65,800 en 2017.

En términos de cocaína, en 2016 las confiscaciones alcanzaron las 2,800 toneladas métricas, sostuvo.

La comisionada indicó que tanto la Guardia Costera como la Patrulla Fronteriza consideran que el estudio les ayudará a promover nuevas peticiones de equipos y tecnologías para hacerle frente al narcotráfico en la zona del Caribe.

La legislación también solicita que el análisis del Secretario de Seguridad Interna determine el impacto de los huracanes de 2017, como Irma y María, en la seguridad de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En 2015, la Oficina del Zar Antidrogas de la Casa Blanca divulgó un estudio – a petición del congresista demócrata José Serrano (Nueva York) y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi-, que reveló un incremento en el tráfico de cocaína por la zona de Puerto Rico y el Caribe.

En aquel momento, la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca sugirió fortalecer iniciativas locales conjuntas existentes, los servicios de prevención y cuidado médico, atender los problemas sociales en las comunidades afectadas por el tráfico de drogas y buscar nuevas oportunidades de cooperación regional, con los gobiernos vecinos y la Comunidad Caribeña (Caricom).

Bajo el proyecto 5869 de la comisionada González, el Departamento de Seguridad Interna debe examinar las necesidades y desafíos tecnológicos, geográficos, de personal, el papel de las leyes estatales, territoriales y locales, y la necesidad de cooperación entre los gobiernos federal, estatal, y local.