SANTO DOMINGO, 4 de septiembre.- La firma extranjera ODEBRECHT, reconocida mundialmente por recientes escándalos de sobornos a funcionarios, legisladores y empresarios de 12 países incluyendo al nuestro, multada y expulsada de algunos, se mantiene poderosa y desafiante en la República Dominicana.

ODEBRECHT Demanda de más recursos de lo convenido al gobierno del presidente Danilo Medina que los contrató, accedería a préstamos sin garantías al banco del gobierno y realizaría despidos que violan contratos de trabajo en el país.

En semanas recientes el consorcio que encabeza ODEBRECHT sometió al gobierno dominicano una nueva orden de cambios y ajustes de precio a la construcción de la controversial Planta Punta Catalina, por otros US$708 millones de dólares adicionales al precio original, y proyecto cuestionado por sobrevaluado de US$2,040 millones de acuerdo a expertos. De aprobarse estos nuevos requisitos de fondos para terminar dicha planta, el costo de la misma ascendería a US$2,748 millones.

Ante esta nueva demanda, si el gobierno no los complace, además de un posible retraso o paralización de la obra, Odebrecht podría irse a un arbitraje internacional, una acción que de alguna manera los beneficiaria en sus demandas.

Recientemente la diputada Faride Raful dijo que el Banco de Reservas, el banco del gobierno dominicano, le habría concedido un prestamos de US$300 millones de dólares a la firma ODEBRECHT sin garantías, y que estaría frente a una serie de violaciones legales del dicho banco.

Cancelaciones contratos de trabajo y demanda de los empleados “desahuciados”

En un amplio reportaje realizado por el medio local Hoy, el abogado de los empleados demandantes Lionel Correa Tapounet, se refiere a la firma como “Odebrecht y Punta Catalina son una vergüenza para el país”.

A nivel de la República Dominicana dicha firma extranjera trabaja con otras locales, por eso le conocen como el Consorcio ODEBRECHT-Tecnimont-Estrella.

De acuerdo a los reportes, el primer grupo de cesados, despedidos o “desahuciados” se hizo en mayo pasado y los trabajadores interpusieron una demanda que en conjunto asciende a 7 millones de dólares. La audiencia de fondo fue reenviada para el 28 de este mes de septiembre a petición de los abogados de la defensa del consorcio.

Ahora se denuncia que el Consorcio continúa con el despido ilegal e irregular de los trabajadores, dando por terminado el contrato de otros 20 soldadores especializados, 12 meses antes de lo estipulado y sin pagarles las compensaciones que les corresponden. Los obreros entablaron una demanda de siete millones de dólares contra la empresa.

Consorcio importa trabajadores de Colombia

Ante medios locales, los trabajadores detallaron que fueron contratados en Colombia como soldadores industriales para trabajar en el proyecto de Punta Catalina con un salario de US$1,400 mensuales y un contrato que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de 20 meses.

Estos 20 soldadores se suman a otros 53 que fueron “desahuciados” en mayo y que interpusieron una demanda contra el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, la CDEEE y la empresa reclutadora RATZ Consulting por el desahucio irregular, en la que reclaman el reintegro a sus puestos de trabajo, el pago de los salarios y derechos adquiridos y las reparaciones por daños y perjuicios.

El abogado de los demandantes, Lionel Correa Tapounet, sostuvo que “estos trabajadores fueron contratados por un periodo de 20 meses, por lo tanto debía garantizarse ese período a menos que hubiera algún incumplimiento o falta por parte del trabajador, que no la hubo”.

“Odebrecht y Punta Catalina son una vergüenza para el país porque no solo han sobrevaluado las plantas sino que roban el salario de trabajadores que han dejado sus familias y se han visto obligados a trabajar sin las condiciones de seguridad que ameritan labores tan peligrosas”, afirmó.

Detalló que Odebrecht trata de utilizar la figura del desahucio para evadir la responsabilidad de pagar los contratos completos, por lo que procederán a demandar en nulidad del desahucio y en reparación por daños y perjuicios.

Interpondrán una demanda por US$392,000 por prestaciones laborales, más US$100,000 para cada trabajador por daños y perjuicios, lo que asciende a US$2.4 millones.

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