Hace mucho tiempo que la corrupción en el Estado dominicano ha sido denunciada y cada uno de los tres Presidentes que han gobernado en el presente milenio incluyendo al incumbente, conocen perfectamente los graves daños y perjuicios que ha ocasionado al país, puesto que en sus campañas electorales se comprometieron a combatirla.

Pero, la corrupción en cada edición siguió creciendo y ahora es un monstruo que amenaza severamente la nación dominicana.

La corrupción esta arruinando moral, social, económica y políticamente al pueblo dominicano y esta llegando la hora de que lo poco que pudiera quedar de principios morales, cívicos y pro nación en las mentes con luces, actúen procurando la vuelta al orden y mandato de las leyes y la constitución del país ante los reconocidos corruptos, es el momento de levantar la voz y el espíritu por el derecho a vivir en una sociedad que promueva la decencia, la dignidad y el decoro de su gente.

El país arropado por la corrupción con impunidad, lo conducirá no únicamente a la ruina sino a la anarquía.

La República Dominicana, su estado y sociedad en general, no debería esperar al extremo de que la comunidad internacional se vea obligada a sancionar la corrupción e impunidad imperante ante la “flojera” en el manejo de casos tan escandalosos nacionales e internacionales, contra los corruptos, ladrones, sobornados y depredadores de los bienes estatales y sus nexos con mafias corruptas del exterior, donde se encuentran a funcionarios de la administración pública, legisladores, e importantes empresarios, y con el ribete de hasta influenciar sus practicas en otros países, como es el caso actual influyente senador y alto dirigente del partido oficialista Félix Bautista, sancionado por los Estados Unidos por corrupto.

La corrupción en la República Dominicana pudiera verse muy pronto como una amenaza regional.

Evitemos el peor escenario para el pueblo dominicano, justicia y castigo sin impunidad a los corruptos en la República Dominicana es la demanda del momento, es el deber de las autoridades competentes en los tres poderes del Estado, o el país sufrirá en el futuro peores consecuencias por no hacerlo.