EDITORIAL

La necesaria reforma migratoria en los Estados Unidos ha sido un asunto que no resolvieron los Presidentes #43 de George W. Bush ni #44 de Barack Obama por casi por 16 años, diríamos no se ha hecho en el presente milenio.

La última vez que hubo alivio al proceso de inmigración indocumentada fue con la ley 245-I durante la Administración del Presidente Bill Clinton y que fue extendida por el Presidente Bush hasta el 2002. Hubo intentos posteriores en el segundo gobierno de Bush, pero fracasaron.

En el 2008 la comunidad Hispana se volcó a votar por el candidato Obama bajo la promesa de campaña en el 2008 de lograr una reforma migratoria en su primer año. Pero en su agenda hubo otras prioridades y pese a haber tenido todo el congreso dominado por su partido por 2 años, no hubo oportunidad para hacerlo. volvió en el 2012 a prometerla para su reelección. Se iniciaron acuerdos bipartidistas para elaborar una Reforma Migratoria.

Cuando la comisión bipartidista presentó su propuesta al congreso en el 2013 no hubo acuerdo y la misma murió en el piso congresional. Ya en su segundo mandato, en el 2012 el Presidente Obama ofrece una Orden Ejecutiva para los llamados “soñadores”, un status temporal que le permitía por dos años evitar una deportación, acceso a un seguro social y permiso de trabajo a jóvenes que fueron traídos por sus padres y no han tenido la culpa de encontrarse atrapados en un país indocumentado, el que siempre creyeron suyo. Con este permiso los jóvenes también debían estar en un proceso de estudios o educación. Hubo una renovación de estos permisos de DACA en el 2015 que concluyen en este 2017.

Pero una Orden Ejecutiva es un permiso transitorio emanado o reafirmado por el Presidente de turno que puede extenderla o anularla en cualquier momento. NO ES UNA LEY que es la que puede resolver definitivamente la situación de indocumentados.

Creemos que estos jóvenes hispanos, asiáticos, africanos y de todas partes que llegaron inocentes y traídos por sus padres, unos violando los requisitos legales del país al entrar en las fronteras y otros quedándose más del tiempo autorizado cuando vinieron con visa, deben tener una oportunidad para legalizar su status en los Estados Unidos, al menos un permiso como residente o “green card”.

Además de justo, ya Estados Unidos ha invertido muchos recursos en la educación de esos jóvenes que en su mayoría están en capacidad de aportar mucho a esta gran nación.

Esperemos que el Presidente Donald Trump, como padre que es, tome una decisión comprensiva, justa y que junto al congreso puedan reparar todos estos problemas que la actual ley migratoria no puede resolver.