Miami, 19 de diciembre.- La Comisión del condado de Miami Dade aprobó hoy una resolución en la que se urge a la Administración de Donald Trump a actuar para impedir la recaudación o el lavado de fondos por parte de Hizbulá e investigar a compañías del sur de Florida sospechosas de financiar a grupos terroristas.

La resolución es una iniciativa del comisionado José “Pepe” Díaz y tiene su origen en denuncias hechas en mayo pasado ante el Senado en Washington por Emanuele Ottolenghi, especialista en financiación de grupos terroristas y delictivos de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en la capital del país.

En unas declaraciones telefónicas a Efe tras la aprobación de la resolución, Ottolenghi señaló hoy que existen unas 420 empresas en el condado de Miami Dade propiedad de libaneses radicados en la llamada Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina sobre las que existen sospechas de que pueden estar ayudando a financiar al grupo chií libanés Hizbulá.

Ottolenghi dijo que significativamente todas esas empresas han sido constituidas con ayuda del mismo contador, un árabe-israelí de Nazaret radicado en el sur de Florida, y se dedican a la importación y exportación de productos varios, principalmente de electrónica.

Ottolenghi dijo que significativamente todas esas empresas han sido constituidas con ayuda del mismo contador, un árabe-israelí de Nazaret radicado en el sur de Florida, y se dedican a la importación y exportación de productos varios, principalmente de electrónica.

El especialista lleva tiempo investigando esas empresas, sobre las que ha informado al Senado, y ha descubierto inconsistencias en despachos aduaneros en lo que se refiere a pesos y precios de los cargamentos que manejan algunas de ellas, entre otras cosas.

Para Ottolenghi, la resolución aprobada por los comisionados de Miami Dade es “importante” porque envía una señal a las autoridades federales sobre un problema que puede ser mayor de lo que parece.

En un comunicado enviado por el comisionado Díaz tras la aprobación de la resolución se señala que se trata de respaldar los proyectos legislativos patrocinados por el senador Marco Rubio y el congresista Edward Royce para imponer más sanciones y castigos a Hizbulá y quienes le presten ayuda financiera o material.

Entre otras posibles medidas se menciona el bloqueo y embargo de activos y la revocación de visas de EE.UU.

En junio de 2017, recuerda el comunicado, se procesó en Miami a Ali Issa Chamas, un libanés con nacionalidad paraguaya y presuntos vínculos con Hizbulá, extraditado a Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína en este país.

El Gobierno estadounidense busca al también libanés Roda Taher como líder de una trama por valor de 94 millones de dólares que funcionó por internet en el Sur de Florida presuntamente para financiar a Hizbulá.

“Saber que en nuestra propia comunidad está ocurriendo algo así es muy preocupante y creo que es la hora de pararse y decir: ya es suficiente”, dijo Díaz en el comunicado.

Para Ottolenghi, Hizbulá está metido de lleno en el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos y otras actividades delictivas en América Latina, según dijo en mayo en una entrevista con Efe.

En el informe presentado en mayo ante un subcomité del Senado de Estados Unidos dedicado entre otros temas al Hemisferio Occidental y al Crimen Transnacional, Ottolenghi analiza los lazos de Hizbulá con el régimen iraní también en América Latina.

“De hecho, la operación de Hizbulá en América Latina es parte integral de la estrategia de Teherán y depende del apoyo iraní”, un apoyo que el grupo chií paga “proveyendo ayuda a las operaciones iraníes cuando se necesita”, señala el informe. EFE