Hoy 27 de febrero se conmemora el 174 aniversario de la declaración de independencia de la República Dominicana, cuando decenas de patriotas lo dieron todo para lograr la soberanía de un territorio mancillado por los intereses europeos de España y Francia desde 1678, y los sucesivos que se dieron en la otrora isla Hispaniola.

La nación dominicana está convocada hoy, más que nunca, a reverenciar con el pabellón tricolor en alto el legado de los padres fundadores de la República.

Las generaciones presentes y sucesivas tienen la gran responsabilidad de mantener encendida la llama ardiente de los derechos de libertad y soberanía conquistados desde el 27 de febrero de 1844 de un país que no ha dejado de ser una amenaza territorial, no solo nuestra de forma permanente, sino ahora en toda Latinoamérica como lo es la masiva migración indocumentada de Haití.

Hoy, serias amenazas a la soberanía dominicana se posan en nombre de un “globalismo humanitario mundial”, que a través de entes burocráticos regionales se muestran estar por encima de los derechos constitucionales inalienables de los ciudadanos dominicanos, y se levantan para imponer sus agendas vulnerando principios, cultura, territorios e identidad nacionales, intangibles que a sus intereses no les importa en lo más mínimo.

Son organismos mundiales que han fracasado en solucionar los problemas del vecino Haití, fuente inagotable de ONG’s de todo tipo y entidades representativas regionales que prácticamente se han dado por vencidos en sacarlos de su aparentemente eterno viacrucis.

NUESTROS RETOS

Pero esos intereses no están solos, pues a lo interno cuentan con el mejor de los aliados: la vulnerabilidad de una clase política mayoritariamente parasitaria que transita a diario los terrenos de la ilegitimidad, la corrupción, los sobornos y el abuso de los recursos públicos, coronados y premiados con la más execrable de las impunidades.  Estos políticos, que en democracias fuertes hubiesen sido severamente castigados, gozan en el ámbito vernáculo de la invulnerabilidad que oferta un régimen de diseño anárquico y extremista, huérfano del imperio de la ley ante los preceptos constitucionales que se suponen rigen al país.

La ruta de gobernabilidad de la República Dominicana bajo el sagrado mando de la CONSTITUCION que la rige, no se cumple rígidamente en ninguno de los tres principales poderes del país: ni en el Ejecutivo, ni en el  Legislativo y mucho menos en el Judicial.

El pueblo dominicano demanda de forma inmediata el cese de la corrupción rampante y la toma de la defensa del territorio y la soberanía nacionales.

El pueblo dominicano demanda del Congreso Nacional legislar para beneficio del pueblo y no de corporaciones privadas y políticas, además de castigar a los que han aceptado sobornos a cambio de sus votos.

El pueblo dominicano demanda del Poder Judicial aplicar verdadera justicia y evitar que el fantasma de la impunidad sea el manto donde encuentren refugio los grandes casos de corrupción, sobornos, robo al Estado;  especialmente los delitos por narcotráfico dentro de la geografía dominicana.

Por demás,  y emulando del ideario del padre de la patria Juan Pablo Duarte, nuestra nación debe avanzar hacia metas propias de su condición soberana, superando la brecha de tanta desigualdad social, la distribución injusta de los ingresos que deben llegar a todo el pueblo dominicano, haciendo honor a los derechos y atributos políticos consagrados constitucionalmente a la salud, la educación, el trabajo y la asistencia social y respaldados por leyes que colocan el bienestar de los dominicanos como objetivo primordial de la gestión de estado.

Es así como se desarrolla y levanta una BUENA PATRIA DOMINICANA!