LA HABANA, 16 de junio.- El anuncio del presidente Donald Trump sobre la “cancelación” de las políticas de su predecesor hacia Cuba no es una medida tan drástica como se escucha.

La medida tomada por Trump, anunciada el viernes en Miami, de hecho conserva la mayoría de los elementos importantes de las políticas del presidente Barack Obama para abrir relaciones con la isla.

Y aunque afirma que sus políticas tienen la intención de ayudar al naciente sector privado en el país, contiene una medida que podría dañar a miles de pequeños empresarios que hospedan, alimentan y transportan a turistas estadounidenses que viajan de modo independiente a Cuba.

La política de Trump mantiene la embajada estadounidense en La Habana y permite que aerolíneas y cruceros continúen dando servicio en Cuba. Los cubano-estadounidenses aún pueden enviar dinero a sus parientes y viajar a la isla sin restricciones. Las granjas estadounidenses pueden continuar vendiendo sus cosechas al gobierno cubano.

La nueva política pretende cortar el flujo de dinero a negocios con nexos militares al prohibir pagos estadounidenses. Promete ayudar al incipiente sector privado, que ha crecido desde que el presidente Raúl Castro promulgó reformas económicas al asumir el poder hace una década.

“Con efecto inmediato, estoy cancelando el trato completamente unilateral de la administración previa con Cuba”, dijo Trump. “Restringiremos fuertemente el flujo de dólares estadounidenses a los militares, así como a los servicios de seguridad e inteligencia que son el núcleo del régimen de Castro”. También prometió “medidas concretas para asegurar que las inversiones fluyan directamente a la gente para que puedan abrir negocios privados y empezar a construir el gran, gran futuro de su país”.

La política sin duda reducirá el flujo de efectivo a GAESA, el conglomerado vinculado al ejército que opera docenas de hoteles y otros negocios relacionados con el turismo. Pero esos negocios albergan a miles de turistas canadienses, europeos y latinoamericanos cada año, y hacen negocios sin restricciones con corporaciones de todo el mundo, reduciendo el impacto de cualquier recorte estadounidense.

Debilitando el impacto aún más, la política de Trump crea excepciones para aerolíneas, navieras, ventas agrícolas y remesas.

La política además permite que los estadounidenses continúen alojándose en hoteles administrados por el Estado y otros negocios que no están directamente relacionados con los servicios militares y de seguridad de Cuba. Y, por supuesto, nada impide al gobierno cubano simplemente transferir sus ganancias a los servicios militares o estatales, una vulnerabilidad que la política de la Casa Blanca no ha abordado.

La política corre el riesgo de dañar a las personas con negocios independientes al restaurar un requerimiento para la mayoría de los viajeros estadounidenses de visitar Cuba como parte de grupos de turistas estrictamente reglamentados. El gobierno cubano tradicionalmente ha dirigido esos grupos a negocios estatales, lo que significa que la mayor parte de los viajeros estadounidenses al país no podrán hacer uso de servicios de restaurante, alojamiento y taxistas privados.

Los empresarios privados dicen que los estadounidenses representan una parte desproporcionada de sus ganancias porque gastan más que otros viajeros por servicios de lujo que los negocios del Estado típicamente no pueden proporcionar.

Trump además pidió el regreso de fugitivos estadounidenses, incluyendo Joanne Chesimard, una militante negra condenada en 1977 por el homicidio de un policía estatal de Nueva Jersey.

“El albergue a criminales y fugitivos se terminará”, dijo Trump. “No tienen opción. Se terminará”.

Muchos de los fugitivos en Cuba son militantes negros o puertorriqueños a los que Fidel Castro les ofreció asilo político durante los años 70 y 80.

Cuba ha dicho en repetidas ocasiones que no incumplirá las promesas hechas por el ex presidente, que murió en noviembre.